Betssy Chávez abandonó el territorio peruano aproximadamente a la medianoche del viernes 7 de agosto, luego de permanecer desde noviembre de 2025 en la embajada de México en Lima. El canciller Carlos Espá confirmó que la exministra fue trasladada bajo un operativo reservado por razones de seguridad y posteriormente abordó un avión enviado por la Fuerza Aérea Mexicana con destino a México. La salida se produjo después de que el Gobierno peruano le otorgara un salvoconducto en el marco del asilo diplomático concedido por México. Según la Cancillería, la medida se ejecutó bajo las disposiciones de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954. El Ejecutivo también señaló que en el traslado participaron el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y funcionarios de la Cancillería, además de autoridades brasileñas que representaban los intereses de México en el Perú. El caso adquiere especial relevancia debido a que Chávez cumple una condena de 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión, vinculada al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Su permanencia en la sede diplomática mexicana durante varios meses generó una controversia política y diplomática que ahora desemboca en su salida del país. El otorgamiento del salvoconducto se concretó, además, el mismo día en que Perú y México anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, interrumpidas durante nueve meses. Mientras el Gobierno sostiene que actuó conforme a sus obligaciones internacionales, queda abierto el debate sobre las implicancias políticas y jurídicas de permitir la salida del país de una persona condenada por el Poder Judicial. El seguimiento de las decisiones que adopten las autoridades peruanas y mexicanas permitirá determinar el alcance de este controvertido episodio.