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EVENTO DE ANTAMINA EN CHAVÍN ABRE DEBATE SOBRE EL USO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
La actividad “Chavín de Noche”, vinculada a los 25 años de Antamina, generó cuestionamientos de arqueólogos y organizaciones culturales. La empresa sostiene que cuenta con autorización de la DDC Áncash y que las estructuras instaladas no ocupan áreas intangibles.
Rubi Molina··99 lecturas·
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El uso del Monumento Arqueológico Chavín de Huántar para una actividad cultural asociada a la conmemoración de los 25 años de Antamina abrió una controversia en Áncash. Arqueólogos, ciudadanos y organizaciones vinculadas a la defensa del patrimonio cuestionaron que un espacio de alto valor arqueológico sea utilizado para una actividad corporativa, aun cuando esta haya sido presentada como un evento cultural autorizado.
El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú expresó su rechazo a la realización de actividades empresariales dentro de monumentos arqueológicos y pidió conocer los criterios técnicos y administrativos que sustentaron la autorización. El gremio recordó que Chavín de Huántar está protegido por su condición de Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Mundial, reconocimiento que recibió en 1985 por la UNESCO.
Antamina respondió que el evento “Chavín de Noche” cuenta con autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash. La empresa negó que se trate de un concierto de gran magnitud o que incluya juegos infantiles, y aseguró que las estructuras instaladas se encuentran fuera de la Plaza Cuadrada y no ocupan ninguna zona intangible del monumento.
El caso coloca nuevamente en discusión los límites entre promoción cultural, actividad privada y conservación del patrimonio. Chavín no es un escenario cualquiera: es un centro ceremonial con plazas, galerías internas y arquitectura de alto valor simbólico para la historia andina. Por eso, más allá de la autorización otorgada, la pregunta pendiente es si Cultura transparentará los informes, condiciones de uso, aforo, supervisión y medidas de protección aplicadas para garantizar que ninguna actividad comprometa la integridad de un bien que pertenece al país.
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