En Chimbote, cuatro estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Nacional del Santa denunciaron ante el Ministerio Público al docente Edgar Esaú Fernández Celestino por presuntos actos de acoso, hostigamiento sexual, intimidación y tocamientos no consentidos. Paralelamente, con el respaldo de la Federación Universitaria del Santa (FUS), solicitaron a la rectora, América Odar Rosario, que el profesor sea apartado de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones. Según la documentación presentada y el testimonio de una de las denunciantes, cuya identidad permanece en reserva, los hechos habrían ocurrido durante mayo, cuando el docente habría realizado comentarios de connotación sexual e intentado besar a una estudiante dentro del campus universitario. Las denunciantes sostienen que estas conductas vulneraron su integridad y aseguran que algunas alumnas han dejado de asistir a clases por temor a encontrarse con el profesor o sufrir represalias académicas. Las estudiantes señalaron que, pese a haber informado el caso a las autoridades universitarias, el docente continúa impartiendo clases. Además, indicaron que el asesor legal de la universidad les habría comunicado que el contrato del docente culmina en agosto, situación que consideran insuficiente frente a la gravedad de las denuncias. ¿Qué medidas preventivas corresponde adoptar una universidad mientras un caso de esta naturaleza es investigado y cómo se garantiza la protección de las presuntas víctimas sin afectar el debido proceso? Ante este escenario, las denunciantes solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para supervisar el proceso y asegurar una investigación imparcial. El desarrollo de este caso pondrá a prueba los protocolos de atención frente al hostigamiento sexual en las instituciones de educación superior y la capacidad de las autoridades para garantizar tanto la protección de las estudiantes como el respeto al debido proceso.